Las familias son responsables de manejar sus propios ingresos, pero los ambientes de certidumbre y transparencia financiera, que incluyen la capacidad de las personas de entender lo que se les propone son parte del orden económico público en una sociedad democrática.

Si un consumidor requiere conseguir dinero para enfrentar los gastos de marzo (útiles escolares, matriculas, uniformes, permisos de circulación, etc.) puede utilizar distintas tarjetas de crédito en cada una de las necesidades, ya sea mediante el retiro de avances en efectivo de su tarjeta de crédito, bancaria o de una casa comercial, o pagar con ella directamente. También puede solicitar un préstamo de consumo en la amplia oferta de entidades financieras del mercado, como bancos, cajas de compensación, multitiendas, cooperativas de ahorro y préstamo etc., para lo cual deberá escoger, entre otras cosas, plazos y cuotas. ¿Cuánto recargo de intereses puede soportar su economía doméstica? ¿Está en condiciones una familia cualquiera de hacer una previsión de sus flujos y gastos a un año plazo, hasta vuelta del otro año escolar?

La misma situación es peor si se trata del estudio de los hijos o un bien durable como la compra de una casa.

Esa incertidumbre se basa en una falta de conocimiento que debe corregirse. Es parte de la educación de los consumidores en mercados libres en los que la información y la competencia son vectores de un conocimiento instalado en la conducta económica de los ciudadanos, y forma parte de la racionalidad del sistema. No hay verdadera competencia en una economía donde los ciudadanos son ciegos prisioneros de la manipulación y el marketing publicitario.

La decisión económica racional hay que instalarla en la sociedad y para ello hay que educar a los consumidores. La obligación de esa educación es del Estado, al igual que la educación formal que hoy se debate en el país. Es parte del deber que el Estado tiene de velar por el orden público económico, la transparencia de los mercados y las decisiones racionales en su economía. Nadie desea una plaga de endeudamiento privado insostenible ni las burbujas de capital ficticio que se crean debido a políticas de endeudamiento como las aplicadas por La Polar.

Por esto es necesario implementar programas de educación financiera para los trabajadores, dueñas de casa, jubilados, y la ciudadanía en general, junto con mejorar la educación económica en el currículo de la educación formal.

Las asociaciones de consumidores han asumido este desafío. Con los escasos recursos que disponen, realizan talleres de endeudamiento y administración de presupuesto familiar. Pero sin una política de fomento a la educación e información en materia de decisiones financieras domésticas por parte del Estado, no se alcanzará nunca la dimensión de escala necesaria para tener consumidores  más  seguros y responsables económicamente. Y el derecho a elegir de manera libre, esencial en los mercados modernos, será solo una aspiración vacía.