Descargar libros, películas y música, almacenar y copiar información

Acceder a contenidos nunca fue tan fácil. Descargar libros, películas y música, almacenar y copiar información de todo tipo ha significado un sobresalto que tiene en vilo a la industria discográfica, en estado de expectación a la industria editorial y en alerta al cine. Internet está agitando las legislaturas del mundo, sobre todo en sociedades en las que existen industrias fuertes que proteger. Hace una semana, el Ministerio de Cultura de Francia anunció que a partir de este año las personas que descarguen desde internet material protegido podrán ser llevadas a la justicia después de ser advertidas. También se está evaluando la creación de una tarjeta de descuento subvencionada para que los jóvenes compren música en línea y no la bajen de sitios piratas. En España, en tanto, el objetivo está puesto no en los consumidores, sino en los sitios que ponen a disposición contenidos protegidos. Está en plena discusión una reforma que permitirá bloquearlos. Mientras, en Chile está a punto de promulgarse la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que reemplazará a la que existe desde 1970 y en la que se incorpora la variable internet y se ajustan algunas clavijas sobre las nuevas tecnologías digitales.

Durante la discusión sobre la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la documentalista Carmen Luz Parot ("Estadio Nacional") participó defendiendo a su sector. Los documentalistas se sentían amenazados porque el proyecto dejaba abierta la puerta para que sus obras, o una parte de ellas, fuesen utilizadas sin permiso bajo el resquicio de "fines informativos". Así, una imagen que podía haberle tomado semanas de trabajo captar al autor de la obra podía ser utilizada sin permiso y sin retribución alguna.

"A nosotros los canales de televisión nos cobran hasta 2 mil dólares por el minuto de imágenes de archivo, y con esta ley ellos podían usar gratis nuestro material. Nosotros no tenemos difusión en salas de cine y nuestra principal vía de distribución es internet, por lo que esta ley simplemente nos liquidaba". Finalmente, los documentalistas lograron que su punto de vista prevaleciera.

El caso de los documentales es sólo una de las múltiples aristas que ha supuesto el surgimiento de la tecnología digital y que tiene enfrentados a distintos grupos de interés.

Están los intereses de los autores, como en el caso de Carmen Luz Parot; de las empresas de internet, como Google -que se está enfrentando a las casas editoriales por Google Books-; de los proveedores -que con la banda ancha prometen más velocidad y capacidad de descarga sin mencionar el pago de derechos-, y también está el de los ciudadanos o consumidores, que pagan por su conexión a banda ancha tarifas que en Chile son de las más caras de la región.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual fue de larga gestación. Más de dos años, indica Juan Antonio Durán, director general de la Sociedad del Derecho de Autor (SCD). La SCD es uno de los organismos que representan a los autores. Durán no quedó satisfecho con la redacción final de la ley, porque no recoge los reclamos directos; es decir, el autor o titular de los derechos de autor no puede reclamar al proveedor de internet para frenar la descarga ilegal de su obra. "En ese sentido hay una carencia respecto de la redacción final que fue aprobada".

Durán indica que en el ámbito de los usos online el daño es muy rápido y masivo. Una semana puede significar miles de descargas de un libro que se traducirían en que los ejemplares ilegales pudieran sobrepasar a los legales.

El sistema que se proponía era el reclamo directo del afectado al proveedor de internet (ISP), paralelo al reclamo judicial. "Pero la ley sólo recogió esta última posibilidad".

La SCD pone sobre este punto un énfasis especial, porque les asigna a las proveedoras de internet (ISP) una responsabilidad en el tema de los derechos de autor de la que no se hacen cargo.

"Hay empresas que promueven sus servicios con frases como 'no te va alcanzar la vida para descargar tanto'; y es que la banda ancha no es para chatear ni para enviar correos, es para descargar material protegido", sostiene el director de la SCD. Durán explica que en nuestro mercado las ISP tienen ingresos del orden de 600 millones de dólares anuales. "Los autores participan de este negocio involuntariamente, pero no reciben absolutamente nada". Juan Guillermo Tejeda -diseñador y presidente de la Unión Nacional de Artistas- explica que su gremio mantuvo conversaciones con VTR -una de las ISP más importantes del país- para lograr un acuerdo. "La idea era que nos dieran el 1 por ciento de su volumen de negocio. Para un usuario que está pagando 30 mil pesos mensuales ese 1 por ciento significaría un alza de trescientos pesos". Pero no ha habido acuerdo.

En la vereda contraria a la de los autores está la ONG Derechos Digitales, encabezada por el abogado Claudio Ruiz. Derechos Digitales logró introducir la idea de "usos justos" en la legislación chilena, un concepto que permite el uso excepcional de obras protegidas.

"Desde el punto de vista de la regulación, lo que debiéramos preguntarnos es si más protección, más control y más restricciones efectivamente fortalecen a las industrias culturales nacionales", explica Ruiz. El abogado tampoco apoya una fórmula que obligue a las ISP retribuirles a los autores el tráfico que se hace a través de las red de obras protegidas. Según Ruiz, no existe en ningún lugar del mundo el pago de una tarifa por los proveedores de internet.

"No es claro que en principio en nuestro sistema legal las ISP tengan responsabilidad directa ni vicaria por defecto por los actos que se realizan en sus redes".

La postura de Derechos Digitales sobre este punto ha sembrado sospechas respecto de su financiamiento. El rumor de que la ONG depende de las empresas proveedoras de internet es negado tajantemente por Claudio Ruiz. "Jamás hemos recibido fondo alguno de empresas prestadoras de servicios de internet". Según el abogado, el trabajo de la ONG ha sido tratar de llevar la discusión desde la esfera de la "mera protección de intereses privados" a la esfera pública. "Entender que esto se trata, en definitiva, del ejercicio de derechos fundamentales en el entorno digital". Un entorno que, por lo pronto, ha significado sólo para la industria musical un derrumbe en las ventas del 30 por ciento entre 2004 y 2009 a nivel mundial.

La reacción europea frente a Google Books

En 2004 Google anunció su plan de crear una biblioteca digital. Al tiempo tuvo que negociar un acuerdo con las editoriales norteamericanas que vieron vulnerados los derechos de autor cuando la empresa se refugió en la idea del "uso justo" para ofrecer fragmentos de obras protegidas. Juan Antonio Durán explica que el método utilizado por Google ha sido escanear libros y sólo reaccionar si existen reclamos. "Pero la forma de operar es a la inversa, primero debería pedir los permisos y luego usar el material protegido", indica el director general de la SCD.

El acuerdo norteamericano no calmó las aguas para Google en el resto del mundo. En 2009 la editorial francesa Hachette -la segunda más grande del mundo- rechazó el acuerdo de digitalización que la empresa de internet logró con los editores norteamericanos. Los representantes de la editorial sostienen que el acuerdo iría en contra de la Convención de Berna de protección de Derechos de Autor. El acuerdo con los editores norteamericanos despertó suspicacia en España en donde la federación de editores "reclamará parte de los 34 millones de euros que el gigante informático ha puesto sobre la mesa como indemnización", según informó el diario El País. La razón para esto es que un porcentaje de los libros digitalizados en Estados Unidos son de editoriales españolas.

Otro tanto ocurrió en Alemania. El gobierno de Berlín advirtió a sus socios de la UE sobre los efectos monopólicos que puede tener Google Books. Al tiempo que las federaciones alemanas de editores de revistas y periódicos se quejaron ante las autoridades por el uso que Google hace de sus contenidos.

En mayo la Comisión Europea recibió el encargo de desarrollar un estudio sobre las repercusiones legales y económicas para los titulares de derechos de autor que puede tener el escaneo de obras literarias efectuadas por Google. La empresa de internet ya ha escaneado más de 10 millones de libros.